Según la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que entró en vigor a finales de marzo del 2018, el 25 de septiembre de 2019 fue el día límite para que las empresas fintech que tenían operaciones desde antes de la promulgación de la Ley solicitaran su autorización para regularse bajo este marco normativo.
¿Qué instituciones están obligadas a cumplir con la Ley Fintech?
Las instituciones que están obligadas cumplir con la Ley Fintech son las que realizan actividades de financiamiento colectivo, mejor conocido como crowdfunding; y las instituciones de fondos de pago electrónico.
¿Cómo te beneficia que M2Crowd esté cumpliendo la legislación?
El objetivo de la Ley Fintech se centra en establecer un marco que asegure una competencia justa entre las startups Fintech y las instituciones financieras y bancarias tradicionales.
Para M2CROWD siempre ha sido importante contar con un marco regulatorio para dar claridad y seguridad a nuestros inversionistas. Por ello, desde principios de 2018, cuando iniciamos operaciones, nos regimos bajo los estándares de la Financial Conduct Authority (FCA), la cual regula al sector financiero en el Reino Unido y que ha establecido un referente en materia fintech a nivel mundial. De esta manera, al operar bajo los más altos parámetros de regulación, comenzamos en tiempo el proceso para recibir la autorización en México por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y hemos concluido la entrega de la documentación solicitada antes de la fecha límite.
Aunque si bien es cierto que la autorización formal tardará todavía algunos meses, de acuerdo a los plazos marcados por la Ley, con la entrega de la solicitud las autoridades nos permiten seguir operando, ya que al cumplir con todos los requisitos solicitados por la autoridad, tenemos los elementos necesarios los para dar certeza a nuestros inversionistas.
¿Qué pasa con las Fintech que no cumplan con este requisito?
La CNBV estableció que las instituciones que no ingresaron su solicitud al 25 de septiembre de 2019, tendrán que dejar de operar, pues estarían actuando de forma ilegal y podrían ser sancionadas.
De acuerdo con una nota publicada por Fernando Gutiérrez en El Economista, las personas que realicen operaciones de fondeo colectivo o de fondos de pago electrónicos, sin tener el permiso para hacerlo, podrán ser sancionadas con penas que van de siete a 15 años de prisión. Asimismo, tendrán que pagar una multa de entre 5 mil y 150 mil UMAS (entre 422,450 a 12.6 millones de pesos). Además de las sanciones administrativas y penales, la CNBV tiene facultades de ordenar el cierre de operaciones de estas plataformas.
Finalmente, para lograr su autorización, las Fintech requerirán un oficial de cumplimiento certificado por la CNBV, un estudio de viabilidad financiera, un manual de operaciones y un capital mínimo que va de los 3.1 a los 4.3 millones de pesos, entre otros elementos.
“Reunir todo lo solicitado fue una labor que requirió del esfuerzo y la dedicación de nuestro equipo de profesionales y expertos, sin embargo, y sin lugar a duda, consideramos que era muy importante dedicarle el tiempo necesario para cumplir con esta novedosa Ley en nuestro país y obtener la autorización, no solo por nosotros, sino por cada uno de los inversionistas que confían en nuestra plataforma”, mencionó nuestro director general Simón Dalgleish.
La existencia de una regulación apropiada y adaptada al sector Fintech es una necesidad en la que coinciden la gran mayoría de los actores de la industria pues, tal como hemos visto en ecosistemas más consolidados como Londres o Singapur, arrojan claridad al sector y con ello favorecen el crecimiento y consolidación de las innovaciones.
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